Venezuela-Colombia
La realidad en la frontera
según los wayuu y añuu
 Mujeres de Bali, por Miguel Covarrubias |
Organización Intercultural
por la Educación Autónoma
Desde hace unas semanas son noticia en el mundo
los hechos que se describen como una tensión en la frontera entre los Estados de Venezuela y Colombia,
a raíz del Decreto de Estado de Excepción
en los municipios indígenas
Guajira, Mara y Almirante Padilla dictado por Nicolás Maduro Moros el 7 de septiembre de 2015.
Tal decreto ha sido acompañado de un cierre violento de la frontera,
supuestamente para impedir el contrabando de extracción de alimentos y combustibles,
así como atacar la delincuencia y la violencia de grupos paramilitares de Colombia.
Las medidas son parte de una escalada contra los pueblos.
Es necesario denunciar que este decreto es una acción más que se suma a la escalada que desde el año 2010,
aún durante el gobierno de Hugo Chávez,
comenzó con su Decreto de creación del Distrito Militar número 1, en La Guajira,
con el que se afincaba la presencia y control militar de nuestro territorio,
para atacar el contrabando
del cual,
según el gobierno,
ejecutamos los wayuu y los añuu,
por lo que se nos criminalizó con el término de “bachaqueros”.
A partir de ese año comenzó el más contundente despojo territorial y de nuestros derechos como pueblos indígenas,
al punto de que hasta el presente,
se contabilizan más de 20 indígenas asesinados por las fuerzas militares venezolanas,
y decenas de presos y sometidos a juicio por contrabando.
El territorio wayuu se despliega por sobre la línea fronteriza de Venezuela y Colombia.
A lo largo de nuestra historia
en ese territorio
hemos construido nuestros propios caminos
que los Estados llaman trochas o pasos ilegales,
pero que son nuestras propias vías de acceso entre las diferentes comunidades y familias wayuu,
así como las aguas del río Limón, Guasare y todos su caños
son las rutas y caminos de nuestros hermanos añuu entre Colombia y Venezuela.
El tránsito entre los dos Estados
es para nosotros parte de nuestro cotidiano ejercicio de nuestra soberanía territorial
y que, efectivamente,
muchos de nosotros que viven en ciudades como Maracaibo (Venezuela) o en Maicao, Río Hacha o Uribia (en Colombia)
nunca pierden el sentido de pertenencia del territorio ancestral al que siempre volvemos regularmente
ya sea para celebrar nuestras ceremonias de velorios y otras reuniones,
o para visitar a nuestros familiares que sabemos permanecen siempre en el territorio ancestral,
cuidando de nuestra carne (eirrükü) (que los antropólogos llaman clanes)
y por lo que estamos obligados a llevar el bastimento necesario tanto para nuestras celebraciones,
como que nuestros familiares se sostengan, cuidando y sosteniendo la tierra de origen.
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fue precisamente el paso de nuestras familias
con los alimentos que regularmente debemos llevar a nuestros parientes o para nuestras celebraciones,
pues, para ellos eso era contrabando de extracción que,
ciertamente, no negamos que esté presente y que hasta algunos miembros de nuestro pueblo wayuu
(incluyendo a quienes hoy actúan como altísimos representantes del partido de gobierno, no del pueblo wayuu) participen de ello.
Pero no todas las familias wayuu y añuu están involucradas en un negocio generado, auspiciado y dominado por los blancos (alijunas-ayouna)
por su original idea acerca de qué es economía;
pero además,
porque lo cierto y evidente para todos nosotros es que los propiciadores y más grandes bachaqueros están presentes en la más alta jerarquía de las fuerzas militares y de la Guardia Nacional venezolana
supuestamente destinados a controlar eso que ellos llaman frontera;
pero también están en la PDVSA y, muy especialmente, en la Asamblea Nacional.
Chivos expiatorios del negocio de los militares y de la clase política.
Decimos esto con toda propiedad
porque,
desde el Decreto de Distrito Militar número 1 de Chávez, hasta el hoy Decreto de Excepción de Maduro,
diariamente lo vivimos como un verdadero Ejército de ocupación
que despoja a nuestras mujeres de la poca comida que llevan para sus familiares del otro lado,
o exigen cartas de certificación de que somos wayuu (que sólo ellos otorgan legalmente),
y cartas de convivencia que debemos negociar con algunos wayuu
que, asimilados al poder del partido,
puedan otorgarnos como voceros autorizados del gobierno.
Al mismo tiempo, los militares y guardias nacionales cobran sin ninguna vergüenza,
para permitir el paso de cientos de grandes camiones cargados de alimentos y combustibles hacia Colombia.
Sin embargo,
la campaña de criminalización auspiciada por el gobierno nacional y regional en el Zulia,
favorecida por unos medios de comunicación que,
si no son del mismo gobierno,
son la expresión del más rancio racismo que aún subsiste en la mente y el corazón de buena parte de los alijunas (criollos) chavistas y no chavistas.
Es por eso que en la ciudad de Maracaibo,
en las enormes filas que se hacen para comprar alimentos que evidentemente son cada vez más escasos,
la sola presencia de nuestras mujeres en sus mantas ya es motivo para que protesten las mujeres alijunas,
acusando a nuestras mujeres de “bachaqueras”,
de venir a quitarles su comida.
Esta campaña ha tenido un alcance tal,
que hasta en Caracas,
donde muy pocos wayuu viven,
o en cualquier ciudad del país
donde igual los alijunas sufren de la escasez de alimentos,
hasta los ideólogos del gobierno
acusan a los supuestos bachaqueros wayuu
de ser los responsables de que ellos tengan que hacer fila para comprar un paquete de harina de maíz o un litro de aceite.
 “De piel morena, ojos rasgados y sigilosos”,ilustración de Miguel Covarrubias |
ya no sólo es que estamos sujetos a que nos decomisen la comida que llevemos,
sino a controlar totalmente nuestro tránsito en nuestro propio territorio
lo que es una clara señal de terrorismo de Estado,
discriminación,
criminalización
a los pueblos wayuu y añuu,
culpados y sentenciados como bachaqueros,
pues somos a quienes el Estado venezolano les aplica la ley sobre delitos de contrabando.
Recalcamos
que el terrorismo de Estado en nuestro territorio
comenzó a manifestar su rostro macabro con el asesinato de una veintena de nuestros hombres y jóvenes “bachaqueros”
en supuestos enfrentamientos con las fuerzas armadas.
Sin embargo,
la Comisión de Derechos Humanos de la Guajira con sede en Paraguaipoa
ha logrado sustanciar —desde 2010—,
13 asesinatos,
15 casos de torturas,
60 allanamientos ilegales
y 760 detenciones arbitrarias
contra miembros del pueblo wayuu
por parte de efectivos militares pertenecientes al Distrito Militar número 1 de la Guajira.
A pesar de que estas organizaciones han solicitado reiteradamente a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo
que se investiguen los hechos en donde efectivos militares se han visto involucrados en atropellos contra los pueblos wayuu y añuu de la zona,
hasta la presente fecha no ha habido resultado ni pronunciamiento alguno.
No puede ser de otra manera pues, para ellos, no existimos.
Así,
desde el 2010 y más ahora,
las fuerzas militares bolivarianas
parecieran estar autorizadas
a allanar nuestras casas sin orden judicial alguna,
quemar los ranchos y vehículos wayuu (motocicletas, carros y camiones),
o incautar las embarcaciones de pesca y los motores fuera de borda y disparar sobre las casas añuu.
No hay instancia estatal a la cual acudir
porque, a fin de cuentas, quien reclama por un hijo muerto o desaparecido es un wayuu o añuu “bachaquero”,
siempre culpable del mal que viven en Caracas, Valencia, Maracaibo; Barquisimeto, Maracay y cuanta ciudad de Venezuela viva nuestra pobre vida;
es decir, la escasez, la falta de alimentos y de recursos.
Denunciamos que un hermano wayuu fue desaparecido luego de haber sido arrestado por el Ejército,
y más recientemente,
la misma fuerza militar bolivariana
acabó con la vida de un joven wayuu estudiante de secundaria
que regresaba de su escuela y que,
en plena vía pública
fue asesinado por elementos de las fuerzas armadas bolivarianas
amparadas en el Decreto de Distrito Militar número 1,
lo que motivó una enardecida protesta
que llevó al pueblo wayuu a quemar las instalaciones de la alcaldía bolivariana del municipio Guajira.
Las verdaderas relaciones
de interés detrás de todo esto.
Nos acusan de ser los responsables del contrabando de gasolina hacia Colombia;
sin embargo, muy recientemente
el mismo gobierno tuvo que apresar a dos importantes gerentes de PDVSA
encargados de distribuir el combustible
y facilitar despachos en grandes camiones cisternas que atravesaban,
con protección pagada a los militares,
gran cantidad de combustible
que del otro lado reciben,
en proporcional distribución territorial,
las fuerzas irregulares presentes en Colombia.
Todos en La Guajira sabemos de dónde a dónde llega el territorio dominado por los paracos (paramilitares)
y de dónde a dónde llega el control de las FARC.
El Decreto de Estado de Excepción que nos perjudica,
no es para combatir a los paracos, pues quienes surten de gasolina, tanto a los paracos como a las FARC son las propias fuerzas militares venezolanas.
Por supuesto,
el gobierno de Colombia está feliz,
pues negocia la paz con las FARC a costa de los pueblos wayuu y añuu.
Son incontables las violaciones a nuestros derechos territoriales y humanos por parte del Estado venezolano y sus fuerzas militares en La Guajira
a lo largo de los últimos cinco años,
es decir, del Decreto de Distrito Militar de Chávez en 2010 hasta el Decreto de Estado de Excepción de Maduro en 2015 que,
en efecto, pareciera ser el último peldaño
de una escalada
que busca dar el verdadero paso que tanto el Estado venezolano como el colombiano aspiran para despojarnos de manera total y definitiva de nuestro territorio,
expulsándonos en base al terror y al sometimiento,
para así avanzar en sus planes de explotación masiva del subsuelo de nuestra tierra.
A pesar de lo que digan los alijunas/ayouna,
que para justificar su pensamiento colonial sobre nosotros
se suelen arropar con la cobija del “socialismo”,
ser de “izquierda”,
nosotros no olvidamos los acuerdos firmados por Uribe-Chávez y mucho menos, los acuerdos de Santa Marta entre Santos y Chávez.
Todos ellos dirigidos a cumplir con los proyectos de Infraestructuras de Integración Suramericana (IIRSA)
para los que el despojo territorial a los wayuu y el dominio del río de los añuu es vital;
no sólo a los intereses de las grandes transnacionales,
la banca internacional,
sino también
y por sobre todo,
a los Estados y gobiernos en el poder de los mismos.
Hablar de otra cosa o causa es, ciertamente, querer hablar de otra vaina.
No de balde, ahora Maduro
habla de la necesidad de crear una supuesta “nueva frontera de paz”,
y, para ello, invita a los jóvenes de Venezuela a poblar la frontera,
pues, para él, esa frontera está vacía,
dando por hecho
que nosotros ya no existimos.
En este sentido y haciendo uso de lo que más gusta a los estudiosos alijunas:
la palabra escrita,
el documento histórico,
debemos recordarles
que de acuerdo a la palabra de las crónicas de los conquistadores europeos,
los wayuu nunca fuimos conquistados;
que cuando los reyes de España dieron autoridad al gobernador de Santa Marta ,
para imponer la ley del rey en nuestra región de Suliaa,
fuimos los wayuu quienes lo flechamos dando muerte,
no a uno,
sino a dos de sus gobernadores;
que la población de Karouya (Sinamaica),
sede actual del gobierno municipal de la Guajira venezolana,
fue levantada por lo menos en tres oportunidades por los colonos europeos,
pues,
Karouya forma parte de nuestro territorio ancestral
y por eso lo defendimos y sólo aceptamos la presencia alijuna
luego de un acuerdo
que implicó la obligada indemnización que los criollos tuvieron que pagar para convivir con nosotros en nuestro territorio.
Hoy día,
esa historia de combate de nuestro pueblo,
que defendió ese territorio mucho antes de que existiera algo llamado Estado venezolano o Estado colombiano,
pretende ser borrada por el señor Maduro de un sólo plumazo.
Queremos, pues,
llamar la atención sobre varios aspectos que van desde lo estrictamente legal o jurídico,
pasando por lo político y económico ,
hasta llegar a la posibilidad de una u otra sociedad
o de un mundo ,
donde quepan todos los mundos, como dicen nuestros hermanos zapatistas.
El Decreto de Maduro esta revestido del desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la auto determinación,
al libre tránsito en su territorio,
a sus autoridades propias,
a sus usos y costumbres
e integridad cultural
y a la consulta previa e informada.
Todos estos,
derechos
que estrictamente han sido reconocidos por el Estado venezolano en la Constitución Nacional (por demás) Bolivariana.
Pero que además han sido ratificados mediante la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades indígenas;
en el tratado internacional de derechos humanos
internacionalmente reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
que el Estado venezolano ha suscrito.
Además, el decreto del ejecutivo
también violenta el estado de derecho y de justicia social
y el carácter pluriétnico y multicultural
tal como se ha vanagloriado
ante la galería,
como principio
con el que se caracteriza a sí mismo el Estado Venezolano en su Carta Magna.
Como una formalidad,
a la que siempre acude la colonialidad de nuestros gobernantes,
Maduro logra que el Tribunal Constitucional se pronuncie
sobre la constitucionalidad de esta medida,
argumentando que los wayuu y añuu
ejecutamos actos violentos y delictivos propios del paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción,
organizado a diversas escalas
y que transgreden el orden público,
la convivencia armónica cotidiana,
la paz y la seguridad alimentaria;
contribuyendo a impedir el acceso a bienes y servicios subsidiados,
regulados
y protegidos por el gobierno,
considerados estos como asuntos de seguridad de Estado.
Todo ello,
como formalización de las circunstancias fácticas
que justifican la constitucionalidad de dicho decreto
por el que hoy se nos despoja formal y jurídicamente de nuestro territorio,
de la posibilidad de transitar por nuestros propios caminos
hechos con nuestras propias manos y pies al caminarlos;
se nos obliga a sólo pasar la llamada “frontera colombo-venezolana”,
apenas con nuestros süsü y estrictamente a pie.
En segundo lugar,
necesitamos que todos ustedes entiendan que el cierre de la frontera
no es por las razones que el Estado venezolano ha dado,
sino que ello está vinculado a los planes de desalojo y despojo territorial
en virtud de los programas de explotación minera
y de construcción de infraestructuras
vinculados a la IIRSA,
así como al despeje que se negocia en La Habana entre la cúpula de las FARC y el gobierno colombiano.
Por último, es importantísimo que los de abajo entendamos
que ni la OEA (meretriz del hemisferio),
ni la UNASUR,
ni la CELAC,
aparatos circenses creados para payasear los de arriba,
pueden apoyar nuestra lucha,
pues a fin de cuentas todos ellos,
arropados en el desarrollismo,
el extractivismo y el racismo,
lo que buscan es el despeje y el despojo de los pueblos indígenas,
campesinos y demás pueblos
que desde abajo luchan por sus territorios
y por la construcción de unas muy otras sociedades
donde la dignidad,
la justicia
y la democracia de los pueblos sea definitivamente respetada.
Por todo ello
exigimos la derogación del Decreto de Estado de excepción de Maduro en Territorio wayuu,
por ser una medida arbitraria,
ilegal,
ilegítima e inconstitucional.
Así como la derogación del Decreto de Chávez del Distrito Militar en La Guajira,
pues constituye la instalación de las Fuerzas Armadas Venezolanas como un Ejército de ocupación en nuestro Territorio.
Este decreto se ha operativizado
con la creación de nuevas zonas militares administrativas del estado de excepción,
estas no sólo abarcan nuestros territorios,
sino los de los pueblos hermanos yukpa y barí,
tan codiciados por las mismas razones extractivistas que los nuestros.
Exigimos el cese de la campaña bélica en contra de los pueblos originarios wayuu y añuu,
así como la restitución de las garantías constitucionales
y la aplicación de la consulta previa e informada
para la real materialización de los derechos humanos
y el reconocimiento
de la autodeterminación de nuestros pueblos en nuestros territorios.
http://www.jornada.unam.mx/2015/10/10/oja-frontera.html
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